Redacción, 11 de noviembre.- El Gobierno de Bolivia acusó a Evo Morales de ser “el jefe de un cartel” del narcotráfico que opera desde el Trópico de Cochabamba, región que constituye su principal bastión político y sindical, y vinculó esa presunta estructura con el financiamiento de los bloqueos de carreteras y las protestas registrados entre mayo y junio.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que el exmandatario, quien presidió Bolivia entre 2006 y 2019, controla la producción de droga que sale de esa zona del centro del país. El funcionario situó las acusaciones en un territorio que también concentra una parte relevante de la producción de hoja de coca.
“¿Quién mandó a hacer los bloqueos?, ¿quién mandaba el dinero desde el Trópico? En el Trópico no se mueve ni una mosca si no lo ordena Evo Morales”, afirmó Oviedo durante una entrevista radial. El ministro atribuyó al exgobernante el control de los recursos destinados a las movilizaciones que buscaron la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Según el titular de Gobierno, durante los operativos realizados en el marco de los cortes de ruta, la Policía detectó movimientos de dinero provenientes del Trópico de Cochabamba por más de ocho millones de bolivianos. Oviedo aseguró que esos recursos sostuvieron los bloqueos que se extendieron durante 53 días.
“Los bloqueos criminales y salvajes que se dieron durante 53 días venían financiados de ese sector”, declaró el ministro. También señaló a sectores campesinos, entre ellos la federación Tupac Katari de La Paz, por su participación en el financiamiento de las protestas.
Las movilizaciones reunieron a campesinos, a la Central Obrera Boliviana (COB) y a organizaciones cercanas a Morales. Los manifestantes instalaron bloqueos y realizaron protestas callejeras con el reclamo de que Paz dejara el cargo, al cuestionar la respuesta de su administración a la crisis económica que atravesó el país durante los últimos años.
El conflicto dejó 16 personas fallecidas. La mayoría murió por la falta de atención médica derivada de la interrupción del tránsito en las rutas, que dificultó el traslado de pacientes y la llegada a centros de salud.
En medio de las protestas, Morales planteó dos alternativas para el Gobierno. “Le quedan dos caminos: militarizar el país o llamar a elecciones en noventa días para evitar conflictos con muertos y heridos”, dijo entonces el exmandatario.
La Fiscalía abrió posteriormente una investigación penal contra Morales por los delitos de alzamiento armado y terrorismo. La causa lo incluye como presunto responsable de liderar las protestas y los bloqueos contra el Gobierno, y derivó en una orden de captura en su contra.
Esa investigación se suma a una orden de aprehensión previa contra el también dirigente cocalero dentro de un proceso por trata agravada de personas. En ese expediente, la Justicia investiga la presunta relación de Morales con una menor de edad durante su Presidencia y el supuesto nacimiento de un hijo en 2016.
