Redacción, 26 de octubre.- La adjudicación de un contrato por $60.000 millones para la erradicación manual de cultivos ilícitos generó tensiones entre el presidente Abelardo de la Espriella y altos mandos de la Policía Nacional, de acuerdo con una investigación publicada por Cambio.
El proceso fue adjudicado el 31 de agosto de 2026 a la Unión Temporal EMF 2026, integrada por seis contratistas. La decisión fue adoptada después de que la Dirección de Antinarcóticos revocara la declaratoria de desierto emitida en junio, cuando ninguna de las tres propuestas había quedado habilitada.
Según el medio, la controversia alcanzó al director de Antinarcóticos, brigadier general William Castaño Ramos, y al director general de la Policía, Jesús Alejandro Barrera Peña. Fuentes del Gobierno consultadas por la revista señalaron que el presidente pidió explicaciones tras conocer los detalles de la contratación.
La convocatoria fue abierta en abril de 2026 para contratar personal y logística destinados a las labores de erradicación manual de cultivos de coca.
En la primera evaluación, publicada el 7 de mayo, ninguno de los tres proponentes fue habilitado. En una segunda revisión, la Unión Temporal EMF 2026 cumplió los requisitos técnicos y económicos, pero no los jurídicos.
La observación se relacionaba con uno de los integrantes de la unión temporal, Rodolfo Eucario Gómez Zuluaga, quien participó como persona natural comerciante. Los evaluadores concluyeron que no había acreditado de forma suficiente las actividades económicas requeridas.
También se presentaron reclamos sobre presuntas inconsistencias entre la información financiera entregada por algunas de las empresas y sus declaraciones tributarias. El 3 de junio, el comité evaluador concluyó que no había propuestas habilitadas.
El general Castaño declaró desierto el proceso mediante la Resolución 0536, emitida el 23 de junio. Sin embargo, la Unión Temporal EMF 2026 presentó un recurso de reposición el 8 de julio para controvertir su descalificación jurídica.
El 31 de agosto, el Comité de Adquisiciones recomendó apartarse de la evaluación jurídica que había impedido habilitar al proponente. Ese mismo día, la Dirección de Antinarcóticos revocó la declaratoria de desierto y adjudicó el contrato por $60.000 millones a la misma unión temporal.
El 50% de la Unión Temporal EMF 2026 pertenece a Transworld Solutions Logística Colombia S. A. S., empresa constituida en Villavicencio en mayo de 2024. Su representante legal es Rafael Hernán Barrera Hurtado.
