Redacción, 16 de octubre.- El proyecto de ley de sometimiento de estructuras ilegales en Colombia ya fue radicado para su primer debate en las comisiones primeras conjuntas del Congreso de la República, según se conoció en la mañana del viernes 16 de octubre: dos días después de la presentación del proyecto y de su mensaje de urgencia por parte del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
La iniciativa busca crear un marco para que integrantes de organizaciones armadas al margen de la ley se acojan voluntariamente a la justicia, sin negociaciones políticas ni cambios al orden constitucional. Así, propone una alternativa para el sometimiento colectivo e individual de actores armados ilegales o terroristas, con medidas de verdad y justicia.
Además de la necesidad de reparación y garantías de no repetición para las víctimas. En ese sentido, la propuesta pretende facilitar la desmovilización y la reincorporación a la legalidad mediante instrumentos jurídicos, económicos y sociales; teniendo como precedente lo ocurrido con la política de Paz Total promovida por el Gobierno de Gustavo Petro.
Más de 28.800 hombres armados integran en la actualidad las estructuras criminales que podrían acogerse a la norma, de acuerdo con información del Ministerio de Justicia, citados por La FM. El tratamiento penal diferenciado, en consecuencia, contempla, además, rebajas de condena de hasta 50% o 30%, según se trate de cabecillas o integrantes rasos de estos grupos.
La principal modificación introducida por los ponentes establece un control previo sobre las listas de miembros de los grupos que pretendan someterse. Con ello, el Ministerio de Justicia seguirá recibiendo los listados de buena, pero su aceptación a la ley quedará condicionada a las verificaciones de la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación.
El cambio busca evitar que personas sin vínculos con las organizaciones ilegales accedan a beneficios penales. Las listas permanecerán bajo reserva hasta el comienzo de la etapa de judicialización y no podrán incluir a los que ya estén privados de la libertad, según se leyó en el articulado que será sometido a discusión por las células legislativas.
La nueva redacción aclara que la recepción de buena fe no acredita de manera definitiva la pertenencia de una persona a un grupo armado. En ese orden de ideas, el ministro de Justicia, Iván Cancino, deberá excluir a los que no cumplan con los que requerimientos una vez concluyan las verificaciones correspondientes sobre el estatus de los comparecientes.
Los congresistas también reemplazaron la expresión “rol de liderazgo” por “rol de mando”, una figura compatible con el Código Penal. Los beneficios acumulables se limitarán a los combatientes de base que no tengan funciones de mando dentro de las estructuras, pues estos integrantes deberán cumplir una sanción efectiva de privación de la libertad de 10 años.
Las opciones de cumplimiento especial de la pena o libertad condicional quedarán restringidas a quienes integren la tropa, de acuerdo con la información de Blu Radio. La propuesta mantiene la prohibición de negociar políticamente con estos grupos, mientras que los acercamientos con el Gobierno solo podrán desarrollarse a través de abogados.
Tampoco habrá suspensión de órdenes de captura ni de procesos de extradición para los miembros de las organizaciones armadas, ya que los hayan sido capturados antes de la entrada en vigor de la ley no podrán acogerse a los mecanismos previstos. Con esto se buscará blindar el proceso de sometimiento frente a las expectativas que se generen con el mismo.
