San salvador, 6 de octubre.- El operativo abarca hoteles, restaurantes, tiendas de conveniencia y comercios situados en los principales destinos turísticos. Las inspecciones incluyen la revisión de alimentos exhibidos y de productos utilizados en cocinas, además de las condiciones de pago y la información ofrecida a los visitantes.
Durante los primeros tres días de controles, la institución ha realizado cerca de 100 inspecciones en todo el país y detectó incumplimientos en alrededor del 24% de los casos. Salazar explicó en Diálogo 21 que los procedimientos sancionatorios pueden derivar en multas de entre 200 y 500 salarios mínimos.
El plan se ha concentrado en zonas identificadas con mayor afluencia durante el feriado hondureño, entre ellas el Centro Histórico de San Salvador, Surf City en el Puerto de La Libertad, la Ruta Panorámica, Ataco, Apaneca y las principales playas del oriente del país.
La apertura del mausoleo del general Francisco Morazán figura entre los atractivos para los visitantes hondureños en el Centro Histórico. La Defensoría busca que las normas de protección al consumidor se apliquen tanto a los salvadoreños como a los extranjeros.
“Los derechos que están vigentes en nuestro país valgan independientemente de la condición de ser personas nacionales o extranjeras”, afirmó Salazar. El organismo mantendrá las verificaciones durante toda la semana, incluido el siguiente fin de semana.
La institución vigila que los comercios muestren sus precios de forma visible y que las promociones contengan información “clara, precisa y oportuna”, sin condiciones que puedan inducir a error. El precio a la vista resulta relevante para los turistas que no conocen los valores habituales de los productos o enfrentan diferencias por el cambio de moneda.
Las inspecciones también contemplan los pagos con tarjeta de crédito. La legislación salvadoreña prohíbe que un comercio cobre un precio distinto según el cliente pague en efectivo o con tarjeta, y también impide exigir una compra mínima para aceptar ese medio de pago.
Cuando los inspectores detectan productos vencidos, pueden ordenar como medida cautelar su destrucción dentro del establecimiento. Esa disposición busca impedir que los alimentos sean utilizados en la preparación de comidas o puestos a la venta.
La Defensoría del Consumidor también requirió información a más de 50 empresas importadoras, productoras, distribuidoras y comercializadoras de alimentos para examinar posibles incrementos de precios vinculadas al encarecimiento de los combustibles.
El análisis se centra en la estructura de costos de cada compañía. Salazar sostuvo que el aumento del combustible puede incidir en los valores de los productos, pero cualquier traslado debe ser proporcional y estar debidamente justificado.
