Medellín, 6 de octubre.- La Alcaldía de Medellín afirmó que indaga posibles vínculos entre presuntas irregularidades ocurridas durante la administración del exalcalde Daniel Quintero y personas que posteriormente ocuparon cargos en entidades del Gobierno nacional liderado por el expresidente Gustavo Petro. La administración distrital calcula que el posible detrimento patrimonial supera $1 billón, una cifra que deberá establecerse en los procesos judiciales y administrativos en curso.
El secretario general de la Alcaldía, Sebastián Gómez, sostuvo en entrevista con Noticias RCN que la información recopilada por el Distrito apunta a conexiones entre exfuncionarios de Medellín y casos bajo investigación en otras entidades públicas. “Tenemos pruebas que conectan personas vinculadas o imputadas por corrupción de Medellín con el desfalco a entidades como Ecopetrol”, declaró.
Sebastián Gómez mencionó a Alethia Arango, imputada en el caso Aguavivas y exsubdirectora de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). También se refirió a Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno de Quintero, que trabajó en la secretaría privada de Ricardo Roa en Ecopetrol, y a Juan Pablo Ramírez, exsecretario de Participación Ciudadana, que fue nombrado en la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp).
Las menciones no equivalen a una declaración de responsabilidad penal. Esa determinación corresponde a las autoridades judiciales dentro de cada expediente. El funcionario sostuvo, sin embargo, que los nombramientos ameritan revisar las relaciones entre los investigados y distintos niveles de la administración pública.
El Distrito indicó que 59 personas han sido imputadas en investigaciones relacionadas con hechos de corrupción que habrían ocurrido en la administración de Quintero. Según Gómez, seis de ellas colaboran con la justicia y las autoridades han abierto 25 procesos de extinción de dominio.
Lalista de los casos mencionados incluye el de Miguel Quintero, hermano del exalcalde, a quien se investiga por la presunta desviación de $2.500.000.000 en un contrato relacionado con el Cuerpo de Bomberos. Gómez cuestionó que tenga detención domiciliaria y afirmó que los testimonios recogidos por la Fiscalía General de la Nación lo ubican en el conocimiento de hechos bajo indagación.
El secretario general añadió en el mismo diálogo que la administración local examinó movimientos bancarios que, según su versión, mostrarían retiros de efectivo y cheques de gerencia para el pago de presuntas coimas. La cifra de más de $1 billón incluye estimaciones de varios frentes de investigación, mientras que el expediente del Área Metropolitana del Valle de Aburrá contempla alrededor de $16.000.000.000, de acuerdo con lo expuesto por la Alcaldía.
En sus declaraciones, Gómez también denunció que un funcionario de la Fiscalía en Bogotá habría ingresado sin autorización al sistema institucional y descargado cerca de 300 veces documentos de expedientes. Aseguró que parte de esa información reservada apareció después en publicaciones de Daniel Quintero en redes sociales.
Por otra parte, el alcalde Federico Gutiérrez informó que entregó hace un mes información al Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre posibles operaciones de lavado de activos. La denuncia se relaciona con una comercializadora de oro que, según la Alcaldía, facturó más de $130.000.000.000 entre 2020 y 2023 y tendría conexiones en Panamá, Miami e Italia. Las autoridades competentes deberán definir el alcance de las denuncias y las responsabilidades que puedan derivarse de ellas.
El juez 27 penal municipal con función de control de garantías de Medellín impuso detención domiciliaria a Miguel Quintero Calle por su presunta participación en irregularidades de seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los Bomberos Voluntarios de Itagüí, celebrados durante la pandemia de covid-19. El hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle seguirá vinculado a un proceso en el que la Fiscalía sostiene que los acuerdos sumaron $17.657.000.000.
