Madrid, 4 de octubre.- La Policía Federal de Brasil ha abierto una investigación por una posible injerencia de Estados Unidos en las elecciones presidenciales. Lo anunció su director general, Andrei Rodrigues, este domingo, en plena jornada electoral, mientras casi 159 millones de brasileños estaban llamados a las urnas para elegir entre Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro y el resto de candidatos.
«Es una investigación en marcha, un procedimiento previo. No se ha publicado la resolución del sumario, pero ya tenemos una investigación en curso», declaró Rodrigues a los periodistas durante una visita a la sede de la Policía Federal de Carreteras en Brasilia. Desde allí, las fuerzas de seguridad supervisan el dispositivo de la jornada electoral.
La investigación responde a una denuncia de la Abogacía General del Estado (AGU), presentada esta semana ante la Policía Federal y la Fiscalía General. La Policía la ha remitido a su Dirección de Inteligencia «para dar inicio a las averiguaciones», según su director.
El origen del caso es una información publicada el 1 de octubre por el diario británico The Guardian, que ha tenido una gran repercusión en Brasil. Según el periódico, el Departamento de Estado desvió un millón de dólares de su Fondo de Derechos Humanos y Democracia a un programa titulado «Combate al lawfare y a la censura en Brasil». El dinero estaría destinado a apoyar a grupos de la sociedad civil que se oponen a lo que Washington considera excesos y censura del Supremo Tribunal Federal (STF).
La partida brasileña forma parte de un paquete más amplio. Según The Guardian, son casi 177 millones de dólares repartidos en 43 proyectos, y el secretario de Estado, Marco Rubio, autorizó personalmente su liberación el 30 de septiembre, pese al bloqueo impuesto en el Congreso estadounidense. Entre quienes se oponían estaba la senadora demócrata Jeanne Shaheen, que cuestionaba el uso de fondos públicos para respaldar a la extrema derecha.
En su escrito, el Gobierno brasileño sostiene que esos fondos habrían servido para financiar redes y organizaciones en Brasil con el fin de interferir en el debate político y «desestabilizar y atentar contra la institucionalidad del Poder Judicial brasileño».
La denuncia toca el punto más sensible de la campaña. El STF y el Tribunal Superior Electoral (TSE) llegan a estas elecciones con su credibilidad muy erosionada. Flávio Bolsonaro lleva meses acusando a ambos tribunales de favorecer a Lula. Fue el STF el que condenó a su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, a 27 años y tres meses de prisión por liderar un intento de golpe de Estado.
Si la elección llega a una segunda vuelta muy ajustada, el 25 de octubre, como anticipan los sondeos, o si hay impugnaciones, serán esos mismos tribunales los que tengan que arbitrar.
La investigación se suma a una relación especialmente tensa entre Brasilia y Washington. La Administración Trump ha castigado a Brasil con aranceles, ha sancionado a magistrados del Supremo y no ha ocultado su sintonía con la familia Bolsonaro. Lula convirtió esa tensión en argumento de campaña: «Ningún gringo va a venir a meter las manos en Brasil», dijo el viernes en su cierre de campaña en Río de Janeiro.
La pesquisa parte de una información de ‘The Guardian’ según la cual el Departamento de Estado desvió un millón de dólares a grupos brasileños críticos con el Supremo
