Redacción, 3 de octubre.- Una auditoría forense ordenada por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, habría concluido que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) fue utilizada con fines políticos y delictivos durante la administración de Gustavo Petro.
La auditoría habría reunido 147 terabytes de información bajo cadena de custodia, junto con 40 equipos de cómputo y cinco teléfonos celulares y tabletas. Esos elementos permitirían reconstruir las actividades realizadas en la entidad durante la administración anterior, según documento revelado por Semana.
Fuentes que aceptaron hablar bajo reserva advirtieron al medio citado de un posible concierto para delinquir dentro del organismo estatal, sucesor del antiguo DAS (extinto Departamento Administrativo de Seguridad). Señalaron que al menos el 20% de los más de 500 empleados de la DNI habría comenzado a aportar información sobre lo ocurrido en los últimos cuatro años.
La auditoría señaló que, tras la llegada de Petro al poder, la DNI quedó organizada en dos bloques: uno a cargo de las labores ordinarias de inteligencia y otro, denominado de “contrainteligencia de Estado”, que reportaba directamente al entonces presidente y al director de turno. Funcionarios describieron ese segundo grupo como un “hoyo negro” que operó sin reglas y que tuvo acceso a la información más crítica manejada entre 2022 y mediados de 2026, incluida la relacionada con la oposición y la campaña presidencial.
Esa estructura quedó formalizada mediante el Decreto 1077, firmado el 23 de agosto de 2024. El bloque habría trabajado de manera articulada con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), y se indagan posibles extralimitaciones con información privada de opositores, periodistas y funcionarios que representaron un obstáculo para los intereses del gobernante.
Persisten también preguntas sobre la eventual existencia de expedientes reservados de candidatos presidenciales y posibles labores de espionaje durante la campaña electoral, asuntos que el texto deja en manos de la Fiscalía General de la Nación.
El equipo auditor también habría identificado un supuesto mecanismo de infiltración: organismos de inteligencia creaban una amenaza falsa, asignaban protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) o de la Policía a la persona afectada y luego recogían información detallada sobre quién se convertía en objetivo, explicó el medio citado.
Según la auditoría, al menos la mitad de los funcionarios incorporados durante la administración anterior no cumplía criterios de idoneidad o confiabilidad; muchos habrían ingresado pese a no superar las pruebas de polígrafo. Más de 100 trabajadores fueron clasificados como riesgo crítico o alto, y algunos tendrían intención de causar “daño grave” desde la entidad de inteligencia civil en Colombia.
El desorden llegó a tal punto que una persona con orden de captura vigente no había podido ser desvinculada de la DNI. Además, diez servidores con posibles vínculos con grupos armados organizados representarían, conforme a lo expuesto en el documento, un alto riesgo de filtración de información.
Las vulnerabilidades abarcan también la seguridad física y digital. La auditoría describe accesos no autorizados a información física, digital y verbal, así como un debilitamiento de los protocolos de ingreso a instalaciones y de control de activos institucionales. El texto menciona, además, funcionarios con doble nacionalidad colombiana y venezolana sobre quienes recaen sospechas de falsedad documental, sin que existan decisiones judiciales al respecto.
