Medellín, 29 de septiembre.- En medio de la audiencia que se adelanta en Medellín contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde local Daniel Quintero, por presunta corrupción en la contratación entre 2020 y 2023, la Procuraduría General de la Nación mostró su apoyo a la Fiscalía.
En la diligencia adelantada durante el lunes 28 de septiembre, el Ministerio Público respaldó la solicitud del ente investigador de enviar a Quintero y a Sebastián Ortega a prisión mientras avanza la investigación por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) con los Bomberos Voluntarios de Itagüí.
El delegado del Ministerio Público, José Luis Ochoa, pidió al Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, que acoja la solicitud de medida de aseguramiento intramural presentada en el proceso.
La Fiscalía y la representación de las víctimas sostienen que existen riesgos de obstrucción de la justicia, intimidación a testigos y posible falta de comparecencia, por lo que ven pertinente la detención de los dos hombres.
El delegado Ochoa abrió la jornada del lunes con una intervención de poco más de media hora. Durante su exposición, retomó los argumentos presentados previamente por la Fiscalía y por Mayer Abushihab, representante del Amva.
El funcionario concluyó que debía acogerse la petición de la representación de víctimas. También reiteró que tanto esa parte como la Fiscalía están facultadas para solicitar una medida de aseguramiento.
Según el delegado, el análisis consideró la gravedad de los delitos imputados, las penas previstas y los elementos materiales probatorios reunidos durante la investigación, entre ellos declaraciones y documentos.
“se justificó la necesidad de restringir la libertad basándose en el riesgo de obstrucción a la justicia, la posible intimidación a testigos y la probabilidad de no comparecencia al proceso. Tras verificar que las medidas menos invasivas resultan insuficientes para proteger los fines constitucionales, el delegado respaldó la petición para garantizar el desarrollo adecuado de la investigación”, señaló la Procuraduría durante la audiencia.
Miguel Quintero fue imputado hace poco más de dos semanas por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, mientras que Sebastián Ortega responde por el segundo cargo.
En ese supuesto esquema también figura la exasesora jurídica Vanesa Álvarez, investigada por presunto interés indebido en la celebración de contratos.
