Madrid, 18 de septiembre.- Con la vista puesta ya en las elecciones generales, Pedro Sánchez ha anunciado este viernes un nuevo real decreto que en la práctica supone un nuevo freno a las universidades privadas, especialmente las que imparten carreras a distancia. El proyecto va a «reforzar las exigencias» en los grados y en los másteres. La idea es aumentar la presencialidad, especialmente en el «ámbito sanitario».
También se obligará a que el 50% de los profesores sean doctores, y el 40% deberá tener un contrato a tiempo completo. En realidad, la Ley de Universidades, la LOSU, ya obliga a las universidades a tener la mitad de profesores doctores. Y eso se ha concretado en otro real decreto que el Gobierno aprobó en octubre de 2025. No se había precisado, eso sí, el porcentaje mínimos de profesores a tiempo completo.
En todo caso, se trata de la tercera norma de este Ejecutivo que declara la guerra a la privada. El real decreto de octubre pasado, contra lo que Sánchez denominó «chiringuitos universitarios», ponía más exigencias para aprobar nuevos campus y este real decreto que ahora ha anunciado aborda los requisitos para aprobar nuevos títulos de grados y máster.
A estos dos reales decretos hay que sumarle el que Sánchez anunció en febrero contra la oferta privada de Formación Profesional, que actualmente se encuentra en tramitación. Son tres guiños claros a la la clase media y, sobre todo, aquellos padres cuyos hijos no pueden entrar en la universidad pública, tanto en grado universitario como en grado de FP, por la falta de plazas que existe en la mayoría de autonomías.
Se trata de un problema que afecta especialmente a la carrera de Matemáticas. Y, precisamente, Sánchez ha hecho su anuncio durante una visita al Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT). También es muy intenso en Medicina, Enfermería, Psicología y otros grados de Ciencias de la Salud. «¿Por qué la universidad pública está perdiendo peso frente a la universidad privada?», se ha preguntado el presidente del Gobierno.
Y se ha respondido que, en primer lugar, por «la infrafinanciación» de los campus públicos, señalando a los gobiernos del PP, como Madrid -«De 20 universidades, 14 son ya privadas y sólamente seis son públicas»- o Castilla y León -«De nueve universidades, cinco son privadas». En este sentido, ha acuñado el término «obsolescencia programada de lo público»: «Primero se deteriora, después se reduce su oferta y, finalmente, lo que se hace es presentar su privado como la única alternativa».
Y, en segundo lugar, ha dicho, por «la demanda insatisfecha de plazas». «Muchos jóvenes quieren estudiar en la pública, pero no hay sitio», ha admitido. En el curso 2024/25, las universidades públicas presenciales recibieron casi medio millón de solicitudes en primera opción para apenas 245.000 plazas. Mientras, hay más matriculados que nunca en la universidad española. «Cuando la oferta no crece al ritmo de la demanda, suben las notas de corte, muchos estudiantes se quedan fuera y, en consecuencia, el bolsillo empieza a pesar más que el mérito. Así se crea un círculo, a mi juicio vicioso, que, a falta de plazas públicas, lo que hace es empujar a muchos alumnos hacia la privada».
Es verdad que el Gobierno ha aumentado el presupuesto para crear 20.000 nuevas plazas en la UNED, que es un campus que depende del Estado. Pero, si quisiera, también podría aumentar la financiación de las autonomías, que están recibiendo más universitarios que antes.
Sánchez no ha anunciado más dinero del Estado a las comunidades autónomas para que pongan más plazas públicas en las carreras de alta demanda. Su mensaje ha sido directo a neutralizar la privada. Ha dicho que «hay que exigir la presencialidad allí donde sea necesario» para «evitar que algunas universidades privadas puedan aprovechar la creciente demanda de estas titulaciones y la falta de plazas suficientes en la universidad pública para ampliar masivamente su oferta ‘online’, sin garantizar los lógicos y necesarios estándares de calidad y de presencialidad».
Ha hablado de «opciones que buscan hacer una suerte de aerolíneas ‘low cost’, donde lo básico deja de venir incluido». Ya con el decreto aprobado el pasado octubre el Gobierno se refirió a campus «chiringuitos», pero nunca en el Gobierno han señalado cuáles son ni se ha quitado la licencia a ninguna universidad. Ahora Sánchez ha vuelto a decir que «han aparecido universidades con una oferta de calidad cuestionable que se aprovechan de la situación para hacer negocio». «Un centro universitario no puede ser un chiringuito ni una franquicia expendedora de títulos universitarios», ha insistido.
