Victoria, 10 de septiembre.- El gobierno de Columbia Británica, encabezado por el primer ministro David Eby, enfrenta un contundente rechazo ciudadano ante su decisión de mantener la expansión del Impuesto Provincial a las Ventas (PST), programada para entrar en vigor el próximo 1 de octubre. A pesar de que apenas un 15% de la población respalda la medida tributaria, el Ejecutivo provincial ratificó la ampliación de este tributo a servicios básicos y al sector comercial, una determinación que intensifica la tensión política y el malestar de los contribuyentes en la provincia.
Según los datos de una reciente encuesta de la firma Leger, encargada por la Federación Canadiense de Contribuyentes, dos tercios de los habitantes de Columbia Británica exigen directamente la cancelación del incremento fiscal. Entre los ciudadanos que manifiestan una postura categórica sobre el tema, la oposición alcanza un abrumador 82%. La tasa de aprobación de esta reforma tributaria iguala los niveles más bajos de popularidad registrados en la provincia para una medida gubernamental, situando a la administración de Eby en una posición de alta vulnerabilidad frente a la opinión pública.
La controversia radica en el alcance de la expansión fiscal. A partir de octubre, el PST gravaremos rubros que históricamente habían permanecido exentos de este tributo, tales como los servicios de televisión por cable, las líneas telefónicas fijas e incluso insumos para el hogar como patrones de costura y artículos para tejer. Asimismo, la medida impactará de forma directa al tejido empresarial local al imponer gravámenes sobre la contratación de servicios profesionales clave, entre los que se incluyen contadores y personal de seguridad privada.
Diversos analistas económicos y representantes del sector privado advierten que la imposición de mayores costos operativos sobre las empresas no será absorbida por el empresariado, sino que se trasladará de manera inevitable al consumidor final en el punto de venta. En un contexto económico marcado por la pérdida de poder adquisitivo y la creciente preocupación por el costo de la vida en Canadá, este incremento en los precios al consumidor promete encarecer aún más la cesta de bienes y servicios cotidianos para las familias.
La inflexibilidad del gobierno de Victoria ante la impopularidad de la medida plantea serias interrogantes sobre su futuro político. Mientras que la Federación Canadiense de Contribuyentes insiste en que el Ejecutivo provincial debe dar marcha atrás para proteger la economía familiar, la administración actual sostiene que la reforma es necesaria para fortalecer las arcas públicas. La falta de consenso amenaza con convertir esta política fiscal en un factor determinante durante las próximas citas electorales en la región.
