Madrid, 17 Julio.- Cinco de los trece miembros de la Junta Electoral Central (JEC) de España expresaron su desacuerdo con la decisión adoptada este jueves sobre la aplicación de la conocida como ‘ley de nietos’, al considerar que el organismo sí tiene competencias para intervenir ante el crecimiento del censo electoral de residentes en el extranjero.
En un voto particular, los vocales sostienen que la JEC no solo tiene la capacidad de actuar, sino también la obligación de evitar una ampliación del censo que, según su interpretación, podría estar produciéndose “contra la ley”.
“No solamente tenemos la competencia o la facultad de actuar, sino también la obligación de impedir que se amplíe el censo ‘contra legem’”, señalaron en el documento.
Reclaman medidas ante un aumento del censo exterior
Los vocales críticos consideran que el incremento de ciudadanos incorporados al registro electoral mediante la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ‘ley de nietos’, supone un aumento “formidable e irreversible” del censo de españoles residentes en el extranjero.
A su juicio, la Junta Electoral Central debería adoptar medidas para supervisar este proceso y garantizar que la incorporación de nuevos electores cumpla con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
La JEC pide información al Censo Electoral
La decisión adoptada por la JEC este jueves consistió en solicitar a la Oficina del Censo Electoral un informe detallado sobre la aplicación de la normativa y sobre el funcionamiento del voto por correo de los residentes ausentes.
Sin embargo, el organismo electoral concluyó que no podía ordenar la suspensión o inadmisión del voto por correo procedente del exterior, al considerar que una medida de ese tipo quedaría fuera de sus competencias.
La postura mayoritaria de la Junta fue cuestionada por los cinco vocales discrepantes, quienes defienden que sí existe base legal para intervenir ante lo que consideran un posible crecimiento irregular del censo.
Debate sobre la ‘ley de nietos’
La denominada ‘ley de nietos’ permitió a miles de descendientes de españoles en el extranjero solicitar la nacionalidad española, ampliando especialmente el acceso para comunidades de emigrantes y sus descendientes en países de América Latina.
La aplicación de esta norma ha provocado un aumento significativo de solicitudes y nuevos ciudadanos españoles en el exterior, lo que ha generado un debate político sobre su impacto en los procesos electorales.
La Junta Electoral Central deberá ahora analizar el informe solicitado a la Oficina del Censo antes de adoptar nuevas decisiones sobre la situación del voto exterior.
