Ciudad de México, 30 de junio de 2026.- El Gobierno de México inició este lunes el proceso de consulta nacional para la elaboración de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una iniciativa que busca reglamentar la reforma constitucional de 2024 y consolidar el reconocimiento de estos pueblos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el proyecto ya está listo para ser sometido a consulta con las comunidades indígenas y afromexicanas. “Ya está lista y a partir de ahora sale a una consulta nacional con los pueblos”, señaló durante su conferencia de prensa matutina.
Por su parte, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que el objetivo de este proceso es recabar opiniones, propuestas y sugerencias directamente de los 69 pueblos indígenas, el pueblo afromexicano y las más de 16.700 comunidades registradas en el catálogo nacional.
El plan de consulta fue diseñado en varias etapas. Tras la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, se abrirá una fase informativa del 1 de julio al 6 de agosto. Posteriormente, entre el 7 de agosto y el 13 de septiembre, se llevará a cabo una etapa deliberativa que incluirá 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo en distintas ciudades del país.
Entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre se integrarán las propuestas recopiladas en las comunidades, con el objetivo de presentar la iniciativa final al Congreso el 12 de octubre, fecha que el Gobierno mexicano ha denominado como el Día de la Nación Pluricultural y de la Resistencia Indígena.
El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, subrayó que la ley tiene como propósito central promover, proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, lo que calificó como el núcleo de la reforma constitucional.
La iniciativa está estructurada en ocho libros que abordan temas como la libre determinación y autonomía, los derechos de las comunidades afromexicanas, la protección de mujeres, niñas, niños y jóvenes, así como la atención a personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad, además de los mecanismos de consulta previa y la coordinación entre niveles de gobierno.
“Son 200 años de existencia del Estado mexicano y nunca habíamos tenido una ley indígena. Ahora tendremos una ley en la materia”, afirmó Regino, quien destacó que la nueva legislación busca fortalecer la participación de los pueblos indígenas y afromexicanos en la vida pública del país.
