Washington, 30 de junio de 2026.- Los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos han publicado sus declaraciones financieras anuales, en las que se detallan ingresos externos que, en conjunto, superan los dos millones de dólares, principalmente procedentes de la publicación de libros, conferencias y actividades docentes en universidades.
El informe revela que varios magistrados reciben ingresos significativos por trabajos académicos y editoriales paralelos a su función judicial. Entre los casos más destacados figura la jueza Ketanji Brown Jackson, designada en 2022 por el presidente Joe Biden y primera mujer afroamericana en integrar el alto tribunal, quien declaró más de 1,1 millones de dólares vinculados a su autobiografía Lovely One.
En el sector liberal del tribunal también aparece la jueza Sonia Sotomayor, la magistrada latina más veterana de la Corte, que ha reportado ingresos recurrentes por libros y conferencias, aunque en menor cuantía.
Por parte del bloque conservador, la jueza Amy Coney Barrett declaró alrededor de 849.000 dólares en regalías por su obra Listening to the Law, mientras que el magistrado Neil Gorsuch informó ingresos cercanos a 300.000 dólares en derechos de autor.
Otros jueces como Clarence Thomas y Brett Kavanaugh también reportaron ingresos adicionales por actividades como conferencias y docencia, al igual que el presidente del tribunal, John Roberts, con pagos procedentes de cursos y programas académicos en universidades estadounidenses y extranjeras.
Estas actividades, habituales entre magistrados federales, se realizan generalmente como profesores invitados durante periodos fuera de las sesiones del tribunal y están permitidas bajo las normas éticas, siempre que sean declaradas públicamente.
Las declaraciones financieras incluyen ingresos adicionales, regalos y viajes, y forman parte de las obligaciones de transparencia del sistema judicial estadounidense.
La publicación de estos datos coincidió con el cierre del periodo de emisión de fallos de la actual sesión del Supremo, en la que el tribunal adoptó decisiones relevantes en materia de autoridad presidencial, protección de datos de ubicación móvil y normativa electoral en algunos estados.
