Ankara, 29 de junio de 2026 Las autoridades de Turquía han prohibido la entrada en sus aguas territoriales a un crucero operado por la compañía Atlantis, especializado en vacaciones para personas homosexuales, en medio de una fuerte polémica y tras recibir numerosas peticiones dirigidas a la Presidencia del país, según informan medios locales.
El barco, con alrededor de 2.700 pasajeros a bordo, tenía previsto zarpar desde Atenas el próximo 7 de julio y recorrer los mares Egeo, Jónico y Adriático, con destino final en Venecia el 15 de julio. En su itinerario inicial figuraban dos escalas en territorio turco: Kusadasi el 7 de julio, y Estambul entre el 8 y el 9 de julio.
Sin embargo, varios medios afines al Gobierno turco han informado de la cancelación de esas paradas, interpretándolo como una victoria tras las protestas surgidas en redes sociales y las presiones para impedir la llegada del buque. La empresa Atlantis, con sede en Estados Unidos, no ha confirmado oficialmente cambios en la ruta, mientras que el Gobierno turco tampoco ha emitido una declaración pública al respecto.
Algunos diarios conservadores han vinculado la decisión a una supuesta reacción ciudadana ante el itinerario del crucero, mientras que otros medios progubernamentales han destacado el cambio de ruta con titulares críticos hacia el barco y su público.
La medida se enmarca en un contexto de creciente tensión en torno a los derechos LGBTI en el país. En los últimos días, las autoridades turcas han detenido a decenas de personas relacionadas con intentos de organizar o participar en marchas del Orgullo en Estambul, prohibidas desde 2015.
Además, el reciente cierre del Club TekYön, uno de los locales de ambiente gay más antiguos de la ciudad, ha sido interpretado por organizaciones de derechos humanos como parte de una política más amplia de restricción de espacios para la comunidad LGBTI.
La ONG Kaos GL, una de las principales organizaciones de defensa de los derechos LGBTI en Turquía, ha denunciado lo que considera una estrategia sistemática para limitar la visibilidad y la existencia de estas comunidades en el país, extendiendo la presión no solo a manifestaciones públicas, sino también a espacios privados y actividades turísticas.
