Montreal, 11 de junio de 2026.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha ordenado el cierre del centro de detención conocido como El Helicoide, en Caracas, al considerarlo un lugar donde se habrían cometido graves violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas, tratos crueles y detenciones arbitrarias.
La decisión se produce tras la sentencia emitida por el tribunal con sede en San José, Costa Rica, en el caso relacionado con la detención del estudiante Jorge Rojas en 2003, durante una protesta contra el entonces presidente Hugo Chávez. Según el fallo, el Estado venezolano es responsable de múltiples violaciones a derechos fundamentales, incluyendo libertad de expresión, participación política e integridad personal.
El tribunal internacional estableció que el Estado venezolano deberá proceder al cierre del centro en un plazo de 18 meses desde la notificación de la sentencia, además de garantizar el traslado de las personas actualmente privadas de libertad conforme a estándares internacionales de derechos humanos.
La CorteIDH también concluyó que diversas investigaciones de organismos internacionales han documentado un patrón de abusos en el recinto, donde internos habrían sido sometidos a torturas, aislamiento prolongado y otros tratos inhumanos bajo la custodia de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), sucesor de la antigua DISIP.
En su resolución, el tribunal subraya que estos hechos ocurrieron en un contexto de impunidad, lo que agravó la responsabilidad del Estado venezolano en materia de protección de derechos humanos.
El caso se centra en la detención de Jorge Rojas, quien fue arrestado en septiembre de 2003 durante una manifestación en Caracas. Posteriormente fue condenado en 2004 por varios delitos, aunque su defensa logró la extinción de la pena años después, en 2009.
La sentencia ha generado un fuerte impacto político y jurídico en la región, al tratarse de una de las decisiones más contundentes de la CorteIDH respecto a un centro de detención en Venezuela y al establecer medidas de reparación que incluyen su cierre definitivo.
Mientras tanto, el Gobierno venezolano no ha emitido una respuesta oficial inmediata sobre el fallo.
