Ottawa, 28 mayo.- La corporación estatal canadiense Canadian Commercial Corporation (CCC) analiza emprender acciones legales contra el Gobierno de Colombia después de que el Ministerio de Defensa colombiano cancelara un contrato valorado en cientos de millones de dólares para la construcción de una nueva sede ministerial en Bogotá.
La CCC, organismo federal dependiente del ministro de Comercio Internacional de Canadá, Maninder Sidhu, confirmó que el Ministerio de Defensa Nacional colombiano rescindió oficialmente el acuerdo firmado entre ambos gobiernos.
“Actualmente, la CCC está evaluando sus opciones legales y comerciales conforme a la legislación aplicable”, declaró el portavoz de la entidad, Mouktar Abdillahi, quien indicó además que la corporación está limitada por cláusulas de confidencialidad derivadas del acuerdo bilateral.
El contrato, firmado el 2 de agosto de 2022, tenía un valor aproximado de 1,5 billones de pesos colombianos, equivalentes entonces a unos 484 millones de dólares canadienses. El proyecto contemplaba la construcción de una nueva sede futurista para albergar al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional de Colombia en Bogotá.
El gobierno del presidente Gustavo Petro anunció oficialmente la cancelación del acuerdo en febrero de este año, argumentando que las propuestas presentadas por la CCC excedían el presupuesto acordado y no cumplían con el alcance original del proyecto.
Según documentos internos obtenidos por medios colombianos y difundidos posteriormente por CBC News, el Ministerio de Defensa concluyó que ninguna de las propuestas de la corporación canadiense logró ajustarse al presupuesto establecido para la ejecución de la obra.
El caso se convirtió rápidamente en tema de debate político durante la campaña presidencial colombiana, luego de que la candidata conservadora Paloma Valencia cuestionara públicamente el destino de aproximadamente 195.000 millones de pesos colombianos transferidos para el proyecto.
“¿Dónde están los 195 mil millones? ¿Quién responde por ese dinero?”, preguntó Valencia durante un acto político, exigiendo explicaciones sobre los fondos públicos destinados a una obra que nunca se concretó.
El Ministerio de Defensa colombiano respondió asegurando que el dinero permanece depositado en una cuenta bancaria canadiense y que incluso ha generado millones de dólares en intereses. Sin embargo, las autoridades no revelaron el nombre de la entidad financiera ni quién tiene control sobre esos fondos.
Las diferencias entre ambas partes comenzaron a intensificarse a finales de 2024, cuando el ministerio colombiano exigió limitar el costo total del proyecto a 1,499 billones de pesos. La propuesta inicial presentada por la CCC superaba ese monto y contemplaba dejar sin terminar varios pisos y miles de espacios de trabajo previstos originalmente.
Posteriormente, nuevas negociaciones tampoco lograron resolver las discrepancias sobre el alcance de la construcción ni sobre los costos fiscales que debía asumir cada parte.
De acuerdo con documentos oficiales, la CCC sostiene que Colombia incumplió obligaciones internacionales derivadas del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia, firmado en 2008 y vigente desde 2011.
En una carta enviada al Ministerio de Defensa colombiano, Antony Rizk, director de desarrollo comercial de la CCC, calificó la cancelación como una “rescisión ilícita” y acusó a Bogotá de incumplir compromisos asumidos bajo el acuerdo bilateral y principios generales del derecho internacional.
Por su parte, el Ministerio de Defensa colombiano sostiene que actuó dentro de las condiciones previstas en el contrato y que estaba plenamente facultado para cancelar el acuerdo ante la falta de consenso sobre el presupuesto y la viabilidad técnica del proyecto.
La CCC mantiene además otros importantes contratos militares con Colombia. En 2023, la corporación cerró un acuerdo intergubernamental valorado en 418 millones de dólares canadienses para suministrar 55 vehículos blindados ligeros fabricados por General Dynamics Land Systems-Canada.
