Madrid, 4 de mayo de 2026.- El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha declarado este lunes en el Tribunal Supremo dentro del procedimiento judicial que investiga una presunta trama de comisiones en la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia, centrando parte de su intervención en la relación entre su expareja, Jéssica Rodríguez, y el empresario Víctor de Aldama.
Durante su comparecencia, Ábalos ha insinuado que su expareja podría haber llegado a un acuerdo con el comisionista, a pesar de que ella ha negado conocerlo. El exministro ha cuestionado esa versión y ha sugerido la existencia de una posible coordinación entre ambos: “No encuentro motivo alguno para que diga que no lo conoce salvo que haya un asunto que hayan arreglado”, ha afirmado ante el tribunal.
Ábalos, que ha declarado con un tono sereno y en algunos momentos irónico, ha insistido en que mantiene una relación personal previa con Rodríguez y ha lamentado la exposición pública del caso. En su intervención ha llegado a afirmar que se siente “carne de meme”, en referencia al impacto mediático del procedimiento judicial.
El exdirigente socialista ha defendido que no tuvo participación en la contratación de su expareja en empresas públicas como Ineco, y ha negado haber intervenido en decisiones administrativas relacionadas con su incorporación laboral. Según su versión, únicamente facilitó su currículum a su exasesor Koldo García sin implicarse en el proceso posterior.
Asimismo, ha rechazado conocer directamente a Víctor de Aldama en relación con las adjudicaciones investigadas y ha sostenido que las ofertas de suministro sanitario durante la pandemia fueron gestionadas por intermediarios y responsables administrativos del Ministerio.
Ábalos ha descrito el contexto de la emergencia sanitaria como una etapa de extrema dificultad en la que, según ha dicho, el principal objetivo era localizar proveedores de material sanitario. Ha asegurado que su departamento fue uno de los primeros en gestionar la llegada de mascarillas a través de organismos públicos como Puertos del Estado y Adif.
Durante su declaración también ha defendido que el caso está siendo objeto de una fuerte exposición mediática y ha criticado lo que considera un juicio paralelo en la opinión pública.
El procedimiento continúa abierto y forma parte de una investigación más amplia sobre presuntas irregularidades en la contratación pública durante la crisis del COVID-19.
