Ottawa, 23 de octubre de 2025. La Junta de Relaciones Industriales de Canadá (CIRB) ratificó la legalidad de la intervención del Gobierno federal en la huelga de los trabajadores postales de Correos de Canadá, desestimando el argumento sindical que consideraba la medida como una violación de derechos constitucionales.
El conflicto se remonta a diciembre de 2024, cuando el entonces ministro federal de Trabajo invocó la Sección 107 del Código de Trabajo de Canadá para ordenar el regreso inmediato de los empleados y someter la disputa a arbitraje obligatorio. La medida puso fin a semanas de paralización en el servicio postal nacional, afectando la entrega de correo y paquetería en plena temporada navideña.
El Sindicato Canadiense de Trabajadores Postales (CUPW) denunció que la orden gubernamental era inconstitucional, alegando que vulneraba los derechos a la libre expresión, asociación y seguridad personal protegidos por la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Sin embargo, la CIRB concluyó que, aunque el derecho a la huelga es esencial, no es absoluto, y puede limitarse en circunstancias que afecten intereses públicos o servicios esenciales.
Un miembro del panel de tres de la Junta disintió parcialmente de la decisión, argumentando que el Gobierno había ido más allá de sus atribuciones al restringir un derecho laboral fundamental.
El sindicato mantiene la batalla legal
El CUPW presentó además una solicitud de revisión judicial ante el Tribunal Federal, que aún no ha emitido un fallo. Los representantes sindicales reiteraron que el uso de la Sección 107 se ha convertido en una herramienta política para debilitar las negociaciones colectivas, especialmente en sectores bajo regulación federal.
“Cada vez que el Gobierno interviene de esta forma, desalienta la negociación real entre empleadores y trabajadores”, señaló un portavoz del sindicato, quien advirtió que el precedente “pone en riesgo la independencia del movimiento obrero canadiense”.
Una herramienta polémica en el Código Laboral
La Sección 107 del Código de Trabajo de Canadá otorga al Ejecutivo la facultad de suspender una huelga y someter la disputa a arbitraje vinculante si considera que el paro amenaza la economía o los servicios esenciales. No obstante, su aplicación ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones laborales, que acusan al Gobierno liberal de abusar de esta potestad en los últimos años.
Uno de los casos más recordados fue la intervención de la exministra de Trabajo Patty Hajdu para frenar una huelga de auxiliares de vuelo de Air Canada, apenas horas después de su inicio, orden que el sindicato se negó inicialmente a acatar.
La resolución de la CIRB reaviva el debate sobre el equilibrio entre los derechos laborales y la autoridad gubernamental para mantener la estabilidad de los servicios públicos esenciales. Mientras el CUPW espera la decisión del Tribunal Federal, el fallo representa una victoria jurídica parcial para el Gobierno, pero también profundiza la desconfianza del movimiento sindical hacia Ottawa.
