Quito, 4 agosto.- El Gobierno ecuatoriano advirtió sobre el uso de ciertas organizaciones sociales sin fines de lucro como fachadas para cometer delitos de lavado de dinero, según denunció este lunes la portavoz presidencial Carolina Jaramillo, al justificar el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley con carácter económico urgente que busca regular la financiación de las organizaciones no gubernamentales.
Durante su habitual rueda de prensa semanal, Jaramillo explicó que esta iniciativa se enmarca en el combate contra la criminalidad, la minería ilegal y otras actividades ilícitas que el Ejecutivo busca erradicar. “Hay fundaciones que reciben entre 10 a 15 millones de dólares, y en total las transferencias superan los 300 millones”, indicó.
El proyecto de ley surge luego de que en junio el director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Julio Neira, revelara que en los primeros cinco meses de 2025 se detectaron más de 600 millones de dólares en posibles operaciones de lavado de activos. Neira explicó que este monto fue identificado mediante el rastreo de “operaciones inusuales e injustificadas”, superando con creces los registros anuales anteriores, que oscilaban entre 200 y 500 millones. La proyección oficial es que, de seguir la tendencia, se podrían detectar hasta 1.000 millones de dólares en 2025.
Para Jaramillo, el volumen de recursos sospechosos evidencia un problema urgente: “Esos datos ya llaman poderosamente la atención y ponen sobre la mesa un debate muy necesario: ¿qué está ocurriendo con las organizaciones sociales en Ecuador?”, cuestionó.
Aunque reconoció que “la mayoría de las fundaciones cumplen un rol loable”, también alertó que “algunas podrían estar siendo utilizadas para encubrir delitos financieros”, por lo que insistió en la necesidad de un marco legal que fortalezca las facultades de investigación de entidades como la Fiscalía y la propia UAFE. “Lo que se está mirando ahora es la necesidad de que exista un marco normativo más contundente para rastrear el lavado de dinero”, subrayó. Ante la pregunta de si ya se identificaron organizaciones involucradas, respondió con firmeza: “Sí, así es”.
Sin embargo, el proyecto ha generado una fuerte oposición. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) exigió su archivo inmediato, advirtiendo que podría transformarse en una “herramienta de persecución política, financiera y social”.
“No es la primera vez que el Estado intenta imponer medidas autoritarias bajo el discurso de la seguridad”, afirmó la Conaie, que lideró importantes protestas sociales en 2019 y 2022. Según la organización, la ley propuesta otorga a la UAFE “facultades desproporcionadas”, incluyendo la posibilidad de congelar cuentas sin orden judicial y de presumir la culpabilidad sin pruebas concluyentes.
“Esta ley podría usarse para criminalizar a la oposición y silenciar a quienes defendemos la vida, los territorios y la organización comunitaria”, advirtió la Conaie, que se mantiene como una de las principales voces de resistencia frente a este nuevo intento de reforma normativa.
