MADRID, 17 julio – La Fiscalía ha solicitado tres años, nueve meses y un día de prisión para Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal y falsedad documental, según confirmaron fuentes jurídicas a la agencia EFE.
La petición de pena ha sido presentada ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, en el marco del procedimiento judicial iniciado tras una inspección de Hacienda que detectó irregularidades en el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los años 2020 y 2021, con un perjuicio económico al erario público de 350.951 euros.
El proceso judicial y los implicados
El pasado 29 de mayo, la jueza Inmaculada Iglesias dictó el auto de procesamiento contra González Amador y otras cuatro personas, transformando las diligencias en procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral.
Según la investigación, el entramado habría utilizado facturas falsas para justificar gastos inexistentes y así reducir de manera ilícita su carga fiscal. La denuncia fue impulsada por la Fiscalía tras recibir el informe de Hacienda, y cuenta con la acusación popular del PSOE y Más Madrid.
Pactos, filtraciones y consecuencias políticas
Antes de abrirse el procedimiento judicial, uno de los abogados de González Amador, Carlos Neira, propuso por correo electrónico un acuerdo extrajudicial al fiscal del caso, reconociendo dos delitos fiscales a cambio de una reducción de condena y evitar el juicio.
La filtración de ese correo electrónico desencadenó una grave crisis institucional y derivó en la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una posible filtración indebida de información confidencial, actualmente investigada por el Tribunal Supremo.
Este caso ha tensado aún más la relación entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, quien ha denunciado una campaña de persecución política contra su entorno personal y profesional.
