BOGOTÁ, 8 julio.– Seis excomandantes del último Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que reclutaron y utilizaron a más de 18.000 menores de edad en el marco del conflicto armado, calificando este hecho como un crimen “injustificable” que dejó una “herida colectiva” en la sociedad colombiana.
El reconocimiento se formalizó en una carta firmada por Rodrigo Londoño (alias Timochenko), Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel, Pastor Alape y Jaime Alberto Parra, todos exmiembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla. En noviembre de 2023, la JEP los imputó como máximos responsables por estos crímenes, que habrían ocurrido principalmente entre 1996 y 2006.
“Reconocemos con profundo dolor que el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes fue una herida colectiva que dejó cicatrices hondas en el tejido social”, afirmaron los exjefes insurgentes.
Crímenes documentados: tortura, esclavitud y violencia sexual
De acuerdo con los hallazgos de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, además del reclutamiento forzado, los menores fueron víctimas de tortura, violencia sexual, esclavitud, uniones forzadas y homicidios dentro de las filas guerrilleras.
| Crímenes atribuidos a las FARC |
|---|
| Reclutamiento forzado de menores |
| Violencias sexuales y reproductivas |
| Tortura y malos tratos |
| Homicidios por desobediencia o intento de escape |
| Explotación laboral y esclavitud |
La JEP considera que los seis exjefes participaron activamente en la definición y ejecución de políticas guerrilleras que facilitaron estos crímenes. Como responsables de bloques y coordinadores operativos, tenían pleno conocimiento de los hechos y no tomaron medidas para evitarlos o sancionarlos, según el tribunal especial.
Compromiso con las víctimas
Los comparecientes expresaron su intención de colaborar con el sistema de justicia transicional:
“Asumimos con responsabilidad el deber de aportar a una verdad que no solo esclarezca lo ocurrido sino que contribuya a la justicia, la reparación y la no repetición”.
La JEP, creada como parte del Acuerdo de Paz de 2016, debe ahora determinar si estos reconocimientos voluntarios y los aportes a la verdad por parte de los excomandantes permiten avanzar hacia penas restaurativas o si se requiere abrir juicio ordinario.
Mientras tanto, organizaciones de víctimas han calificado esta admisión como un paso necesario pero insuficiente y piden reparaciones efectivas, así como medidas concretas para garantizar que estos horrores no se repitan.
El reclutamiento de menores es considerado crimen de guerra bajo el Derecho Internacional Humanitario, y Colombia enfrenta la responsabilidad histórica de restaurar los derechos y dignidad de miles de niñas, niños y adolescentes cuyos proyectos de vida fueron truncados por el conflicto.
