WASHINGTON, 26 junio.- La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este jueves, en una votación dividida de 6-3, que los estados pueden impedir que Planned Parenthood, el mayor proveedor de servicios de salud reproductiva del país, reciba fondos de Medicaid para servicios como anticoncepción y detección de cáncer, incluso cuando no estén relacionados con el aborto.
El fallo, redactado por el juez Neil Gorsuch y respaldado por la mayoría conservadora del tribunal, no aborda directamente la legalidad del aborto, pero refuerza los esfuerzos liderados por los republicanos para desfinanciar a la organización en todo el país. Además, cierra el camino legal principal que permitía a los pacientes de Medicaid demandar para mantener su acceso a Planned Parenthood como proveedor de salud.
Aunque la ley federal de Medicaid garantiza a los beneficiarios el derecho a elegir su propio proveedor calificado, la Corte sostuvo que este derecho no es exigible judicialmente. “Decidir si se debe permitir la aplicación privada plantea delicadas cuestiones de política que involucran costos y beneficios en competencia: decisiones para representantes electos, no jueces”, escribió Gorsuch. Los pacientes, agregó, aún pueden apelar administrativamente si se les niega la cobertura.
La decisión se produce tras una larga batalla legal en Carolina del Sur, donde el gobernador republicano Henry McMaster intentó cortar el financiamiento estatal a Planned Parenthood en 2018. El caso fue originalmente bloqueado por una demanda presentada por Julie Edwards, una paciente con diabetes que acudía al centro para obtener anticonceptivos, debido al alto riesgo que supondría un embarazo para su salud.
El fallo del alto tribunal revoca esa protección legal, permitiendo al estado excluir a Planned Parenthood de los fondos de Medicaid. McMaster celebró la decisión como “una victoria para la santidad de la vida” y los “valores de Carolina del Sur”.
En desacuerdo con la mayoría, la jueza liberal Ketanji Brown Jackson advirtió que la decisión “probablemente provocará un daño tangible a personas reales” al privar a los pacientes de su libertad de elegir a quién acudir “en sus momentos más vulnerables”.
Grupos defensores de la salud pública, como la Sociedad Americana del Cáncer, han argumentado que las demandas judiciales han sido históricamente la única vía efectiva para que los pacientes de Medicaid hagan valer su derecho a escoger proveedor. Sin esta opción, alertan, el acceso a servicios críticos se verá reducido, especialmente en áreas rurales donde existen menos alternativas médicas.
Planned Parenthood recibe aproximadamente 90.000 dólares anuales en fondos de Medicaid en Carolina del Sur, una cifra ínfima dentro del presupuesto general del programa, pero con gran impacto en comunidades vulnerables. El estado, que prohibió el aborto después de las seis semanas de gestación tras la revocación del fallo Roe vs. Wade en 2022, sostiene que otros proveedores podrán suplir el vacío asistencial.
La directora ejecutiva del Instituto Guttmacher, Destiny Lopez, advirtió que otros estados podrían ahora seguir el ejemplo de Carolina del Sur, lo que calificó como “una destrucción sistemática del acceso a la atención de salud reproductiva” y un reflejo de lo que podría suceder si continúa esta tendencia en el país.
