Río de Janeiro, 1 nov.- Una operación policial sin precedentes en las favelas de Penha y Complexo do Alemão dejó al menos 121 muertos y la incautación de más de 2 millones de dólares en armas, en lo que las autoridades brasileñas califican como la redada antidrogas más letal en la historia del país.
El operativo, dirigido contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, incluyó el despliegue de helicópteros, vehículos blindados y tropas terrestres, según el gobierno estatal. Entre las armas incautadas se encuentran 120 piezas, incluyendo 93 rifles de asalto como AK-47 y FAL, municiones, explosivos y equipo militar proveniente de Argentina, Bélgica, Alemania, Perú, Rusia y Venezuela. El valor estimado del arsenal es de 12,8 millones de reales (unos 2,4 millones de dólares).
El secretario de la Policía Civil, Felipe Curi, aseguró que se trata de “un arsenal típico de un escenario de guerra” y que se investigarán las rutas utilizadas para introducir las armas en Río de Janeiro.
A pesar de la magnitud del operativo, organizaciones de derechos humanos y la ONU han exigido investigaciones por posibles ejecuciones sumarias, mientras familiares de las víctimas denuncian que algunos cuerpos presentaban signos de extrema violencia, incluso decapitaciones. Sin embargo, encuestas muestran que la mayoría de los brasileños respalda la acción, que el gobernador Cláudio Castro calificó como un triunfo contra el “narcoterrorismo”.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tradicionalmente criticado por su supuesta permisividad frente al crimen, adoptó un discurso firme, presentando un proyecto de ley que contempla hasta 30 años de prisión para miembros de bandas criminales y firmando nuevas medidas legislativas para reforzar la lucha contra el crimen organizado.
Expertos y líderes comunitarios alertan sobre el impacto social y psicológico de este tipo de operativos. René Silva, periodista y activista, señaló que la redada dejó un efecto profundo en la población de las favelas, mientras que William de Oliveira, líder comunitario en Rocinha, advirtió que estas acciones afectan a toda la comunidad, no solo a los implicados en actividades delictivas.
El operativo se enmarca en una ofensiva nacional iniciada en agosto, mediante la cual se han incautado bienes por unos 1.200 millones de reales (220 millones de dólares) vinculados al crimen organizado. Sin embargo, solo el 1,3 % de las más de 1.800 operaciones realizadas este año en la región metropolitana de Río se consideran efectivas según arrestos o bajas.
La redada también adquiere un carácter político, en la antesala de elecciones presidenciales y locales, con legisladores conservadores impulsando reformas para clasificar a las bandas como organizaciones terroristas, aunque el ministro de Justicia aclaró que carecen de objetivos políticos o ideológicos.
El debate sobre la eficacia y el costo humano de esta estrategia policial continúa, mientras el gobierno federal envía representantes a Río y se prepara una investigación del Senado sobre la expansión delictiva en la ciudad.
