Río de Janeiro, 31 Oct.- Las familias de las víctimas de la redada policial más mortífera en la historia de Río de Janeiro comenzaron este jueves a enterrar a sus muertos, mientras la ciudad permanece conmocionada y la población acusa a las fuerzas de seguridad de uso excesivo de la fuerza, tortura y ejecuciones extrajudiciales. La operación del martes contra la banda Comando Rojo en las favelas de Vila Cruzeiro, Complexo de Alemão y Complexo da Penha dejó un saldo de al menos 132 fallecidos, incluidos cuatro policías, según la defensoría pública de Río.
En Vila Cruzeiro, donde los cuerpos fueron alineados sobre el piso tras la redada, los residentes expresaron dolor, ira y desconcierto. Monique Santiliano, de 40 años, propietaria de un salón de uñas, declaró: “Esto no fue una operación, fueron asesinatos. No vinieron a arrestar, vinieron a matar”.
El gobernador Claudio Castro calificó la operación como un éxito en la “guerra contra el narcoterrorismo”, mientras que la ministra de Derechos Humanos, Macaé Evaristo, criticó el despliegue, señalando que la lucha contra el crimen organizado debe centrarse en los líderes y financistas, no en exponer a niños, ancianos y personas con discapacidad al terror.
La operación involucró a unos 2.500 policías y soldados, enfrentando disparos de la pandilla y provocando escenas de caos en toda la ciudad. Aunque el gobierno estatal afirma que los fallecidos eran criminales que ofrecieron resistencia, la magnitud de la muerte ha generado condenas de grupos de derechos humanos y de Naciones Unidas, y ha motivado investigaciones por parte del Supremo Tribunal Federal, fiscales y legisladores.
El juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal ha citado al gobernador Castro y a los jefes de la policía militar y civil a una audiencia el próximo lunes para esclarecer la operación. Mientras tanto, legisladores como Otoni de Paula cuestionan la disparidad entre policías y sospechosos fallecidos, y denuncian la posible intención de ejecuciones extrajudiciales.
Testigos y activistas locales informaron de escenas de extrema violencia: cuerpos con heridas punzantes, decapitaciones y personas atadas, lo que ha generado temor y frustración en la comunidad. Ana Tobossi, activista de la zona, advirtió: “Esta brutalidad no puede normalizarse solo porque ocurrió aquí. Si el país sigue aplaudiendo, sucederá en otros lugares”.
El operativo buscaba capturar líderes y limitar el control territorial del Comando Rojo, cuyo poder ha crecido en Río y en otras regiones de Brasil, incluida la selva amazónica. Por ahora, la ciudad comienza a enterrar a sus muertos, entre ellos jóvenes como Cauan Fernandes do Carmo Soares, de 22 años, mientras la conmoción y la indignación siguen presentes entre los residentes.
“La gente de fuera va a ver esto sucediendo en las favelas y no va a querer venir más. Nos hace quedar mal”, señaló Paulo Roberto, un vendedor ambulante de 16 años. La operación ha dejado cicatrices profundas en la comunidad y un debate intenso sobre la violencia policial y la seguridad ciudadana en Brasil.
