Vancouver, 25 oct.- Una demanda colectiva presentada ante la Corte Suprema de Columbia Británica (BC) acusa a la Ciudad de Vancouver, a la Autoridad de Salud Costera de Vancouver (VCH) y al presunto atacante Adam Kai-Ji Lo de negligencia por no haber evitado el ataque vehicular que dejó múltiples víctimas durante el Festival del Día de Lapu Lapu celebrado el pasado 26 de abril.
El documento judicial, presentado por John Lind, uno de los sobrevivientes, sostiene que las autoridades sanitarias y policiales conocían el deterioro mental del acusado, diagnosticado con esquizofrenia, y que aun así permitieron que permaneciera en libertad bajo licencia prolongada del centro psiquiátrico donde recibía tratamiento. Lind sufrió fracturas múltiples, perforación del bazo y lesiones en el pulmón y el riñón, y ahora busca una compensación económica por daños físicos y psicológicos.
El deterioro mental y las advertencias previas
Según la demanda, el 11 de abril, el psiquiatra tratante de Lo expresó su preocupación por el estado mental del paciente, señalando que los delirios aumentaban y que su dosis de medicación antipsicótica era insuficiente. Pese a ello, se le permitió continuar con su rutina fuera del hospital.
Quince días después, Lo supuestamente aceleró una camioneta todoterreno contra una multitud reunida en una calle céntrica de Vancouver, provocando la muerte de 11 personas e hiriendo a 31 más, en uno de los ataques más graves en la historia reciente de la ciudad.
En los meses previos, Lo había mostrado comportamientos erráticos y paranoides, gastando más de 1.000 dólares en dispositivos para detectar agentes de guerra química. Incluso, un día antes del ataque, contactó a la Policía Montada de Canadá (RCMP) en Richmond para denunciar falsamente que “habían derramado sustancias químicas” en su vehículo y que su cámara de tablero estaba infectada con un virus.
Responsabilidad institucional y fallas de seguridad
La demanda afirma que tanto la Ciudad de Vancouver como su Departamento de Policía no tomaron medidas preventivas adecuadas para proteger a los asistentes al festival, pese a que la “entrada ilegal del vehículo al recinto era razonablemente previsible”.
Asimismo, acusa a la Autoridad de Salud Costera de haber ignorado las señales de peligro que indicaban que el paciente representaba una amenaza “inminente para sí mismo y para otros”. Bajo las políticas de licencia prolongada, los pacientes psiquiátricos pueden mantenerse en la comunidad mientras siguen su tratamiento, pero deben ser readmitidos al hospital si muestran deterioro mental o incumplen el plan terapéutico.
En un comunicado, la VCH afirmó que el acusado estaba bajo la supervisión de un equipo de salud mental, pero argumentó que las leyes de privacidad y la investigación penal en curso limitan su capacidad de ofrecer más información. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las víctimas, sus familias y a toda la comunidad filipina en este momento increíblemente difícil”, señaló la autoridad sanitaria.
Reacciones del gobierno local
El alcalde de Vancouver, Ken Sim, evitó comentar directamente sobre la demanda, aunque recordó que “ninguna ciudad puede eliminar todos los riesgos a la seguridad pública” y que sería “imposible proteger todos los eventos” entre los miles que se realizan anualmente. No obstante, reconoció la necesidad de “investigar profundamente las causas raíz de los problemas de salud mental” que afectan la seguridad en Vancouver.
El acusado, Adam Kai-Ji Lo, deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 30 de octubre, enfrentando 11 cargos de asesinato en segundo grado y 31 de intento de asesinato. Hasta el momento, ninguna de las acusaciones ha sido probada y los demandados aún no han presentado sus declaraciones de defensa.
La certificación de esta demanda colectiva será el primer paso para determinar si el caso avanza hacia un juicio completo. De ser aprobada, podría sentar un precedente histórico en Canadá sobre la responsabilidad de las autoridades sanitarias y municipales en el manejo de pacientes con trastornos mentales severos que representan un riesgo público.
