Bogotá, 21 Oct.— En un giro histórico en la justicia colombiana, un tribunal de Bogotá revocó este martes la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, absolviéndolo de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal por los que había sido sentenciado en primera instancia a 12 años de arresto domiciliario.
Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, había denunciado que el fallo original era una persecución política, acusando a la jueza de actuar con sesgo ideológico. Su equipo legal apeló la decisión, alegando que las pruebas presentadas no demostraban de manera “inequívoca” su culpabilidad.
En la audiencia virtual de este martes, el tribunal señaló que “la motivación de la sentencia presenta deficiencias estructurales, uso de premisas vagas, sesgos retóricos y omisión de análisis integral”. Con esta decisión, Uribe queda absuelto de los cargos, aunque las partes aún pueden apelar ante la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra.
El fallo tiene un fuerte impacto político en Colombia, pues llega en plena precampaña electoral rumbo a los comicios legislativos y presidenciales de 2026. El Centro Democrático, partido liderado por Uribe, ha adelantado que el expresidente podría volver a aspirar al Senado, siempre que sus asuntos judiciales se lo permitan.
El caso contra Uribe se originó en 2012, cuando el entonces senador presentó una denuncia por difamación contra Iván Cepeda, acusándolo de manipular testigos en cárceles para vincularlo con el paramilitarismo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia desestimó la denuncia y, en un giro inesperado, abrió una investigación contra el propio Uribe por presunta manipulación de testigos.
En el proceso, la Fiscalía sostuvo que Uribe habría instigado al abogado Diego Cadena para ofrecer dinero y beneficios judiciales a exparamilitares a cambio de declaraciones favorables. Cadena fue condenado a siete años de prisión en un proceso paralelo.
Uribe, de 73 años, fue el primer expresidente colombiano en ser procesado penalmente, lo que convirtió su caso en un símbolo de la tensión entre el poder político y la justicia en el país. Su breve detención domiciliaria en 2020 generó protestas y un intenso debate nacional.
La absolución marca una victoria judicial y política para el exmandatario, quien sigue siendo una figura clave en la derecha colombiana.
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