NASHVILLE, Tennessee, 23 agosto.- El futuro migratorio y judicial de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño acusado de tráfico de personas en Estados Unidos, atraviesa un momento crítico luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) notificara su intención de deportarlo a Uganda, tras su negativa a aceptar un acuerdo que lo enviaría a Costa Rica.
De acuerdo con documentos judiciales presentados en Tennessee, el ofrecimiento costarricense llegó el jueves en la noche e incluía la posibilidad de acoger a Ábrego como inmigrante legal, aunque bajo la condición de que primero cumpliera una condena en prisión tras declararse culpable de los cargos en su contra. Pese a que Costa Rica garantizó que no enfrentaría detención en su territorio y que sería recibido con estatus regular, Ábrego rechazó la propuesta, lo que llevó a ICE a anunciar un nuevo plan: su deportación a Uganda.
El viernes, tras ser liberado de prisión preventiva, los abogados del salvadoreño fueron notificados de que debía presentarse el lunes en la oficina de campo de ICE en Baltimore. Al mismo tiempo, recibieron un ultimátum: Ábrego tenía hasta ese día para aceptar el acuerdo con Costa Rica, de lo contrario, la oferta desaparecería.
Los defensores del acusado aseguran que la amenaza de deportarlo a Uganda constituye una represalia política, recordando que en marzo fue deportado erróneamente a El Salvador, a pesar de que un juez había determinado que enfrentaba un “temor bien fundado” de violencia en su país de origen. Tras un fallo judicial, el gobierno de Donald Trump lo retornó a Estados Unidos en junio, pero poco después lo detuvo bajo los actuales cargos de tráfico de personas.
El caso se ha convertido en un símbolo dentro del debate migratorio estadounidense, ya que revela las tensiones entre las decisiones judiciales y las medidas del Ejecutivo en materia de deportaciones. Sus abogados argumentan que todo el proceso busca castigar a Ábrego por desafiar su expulsión previa a El Salvador.
Los cargos de tráfico se originan en un incidente de 2022, cuando fue detenido en una carretera de Tennessee por exceso de velocidad. En su vehículo viajaban nueve personas, lo que despertó sospechas de contrabando humano, aunque en ese momento fue liberado con una advertencia. La investigación formal se abrió meses después, cuando el gobierno ya enfrentaba presión política por su retorno desde El Salvador.
Un fallo reciente en Maryland obliga a ICE a notificar con 72 horas de anticipación cualquier intento de deportación, lo que llevó al organismo a enviar un correo electrónico a los abogados del salvadoreño confirmando que Uganda había aceptado recibir deportados de Estados Unidos, siempre y cuando no tuvieran antecedentes penales ni fueran menores no acompañados.
Ábrego, que se ha declarado no culpable, aún espera que el juez se pronuncie sobre su solicitud de desestimar el caso. Sin embargo, la amenaza de un destino tan lejano y ajeno como Uganda mantiene la incertidumbre sobre su futuro inmediato y reaviva el debate sobre las estrategias migratorias del gobierno estadounidense frente a casos con alta carga política y humanitaria.
