Bogotá, 25 julio. El expresidente colombiano Álvaro Uribe denunció este viernes ser víctima de una “persecución política” en el marco del juicio que enfrenta por manipulación de testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal, y cuyo veredicto final se conocerá el próximo lunes 28 de julio.
Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, compartió en su cuenta de X un decálogo de argumentos con los que cuestiona la legitimidad del proceso, que podría convertirlo en el primer exmandatario colombiano condenado penalmente. Entre sus alegatos, denunció interferencias indebidas del poder Ejecutivo, particularmente del presidente Gustavo Petro, a quien acusa de presionar a la justicia.
“El presidente Petro ha negado haberse referido como presidente a este juicio contra mí. Sin embargo, se le conocen más de doce manifestaciones públicas sobre el tema”, aseguró Uribe.
Por su parte, Petro se defendió afirmando que nunca se pronunció sobre el caso como presidente y sugirió que las presiones provienen del entorno de Uribe:
“Veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado”, escribió también en X.
El origen del proceso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador de izquierda Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. La Corte Suprema de Justicia, sin embargo, desestimó la acusación contra Cepeda y abrió en cambio una investigación contra el propio Uribe por intentar alterar testimonios en su contra.
Uribe ha cuestionado la imparcialidad del proceso desde su inicio. Señaló que el magistrado José Luis Barceló —entonces en la Corte Suprema— filtró información del caso a periodistas antes de que fuera notificado formalmente. Añadió que la orden de detención domiciliaria emitida en 2020 por el magistrado César Reyes estuvo viciada por conflictos de interés, dado que Reyes había trabajado con la esposa de Cepeda y fue contratista del gobierno de Juan Manuel Santos, opositor de Uribe.
El expresidente permaneció 67 días en detención domiciliaria, tras lo cual renunció a su escaño como senador para dejar de estar aforado, haciendo que el caso pasara a la justicia ordinaria. A pesar de que dos fiscales intentaron cerrar el caso, el Tribunal Superior de Bogotá lo rechazó, y una tercera fiscal formalizó la acusación.
El juicio, que inició el pasado 6 de febrero, ha sido uno de los más polémicos en la historia política y judicial del país. El fallo, que se conocerá el 28 de julio, será determinante no solo para el futuro jurídico y político de Uribe, sino también para el equilibrio institucional de Colombia.
