WASHINGTON, 24 julio.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha ordenado el uso obligatorio de tobilleras electrónicas con sistema GPS para más de 180.000 inmigrantes inscritos en su programa de Alternativas a la Detención (ATD), según un memorando interno del 9 de junio revelado por The Washington Post.
La instrucción representa un giro en la política de monitoreo de inmigrantes en situación administrativa irregular, que hasta ahora solo aplicaba dispositivos electrónicos a cerca del 13 % de los participantes —unas 24.000 personas— del programa.
El ATD está diseñado para supervisar a los inmigrantes que no son internados en centros de detención, garantizando su comparecencia ante cortes migratorias o el cumplimiento de órdenes de deportación.
Excepciones y reacciones
La directiva establece que las tobilleras se coloquen «siempre que sea posible», aunque contempla excepciones para mujeres embarazadas, quienes llevarán una muñequera electrónica en lugar de una tobillera.
El aumento en el uso de estos dispositivos —presentados como una alternativa «más humana» a la detención— ha desatado un nuevo debate en EE.UU. sobre los derechos y la dignidad de las personas migrantes. Organizaciones defensoras de los derechos humanos señalan que los dispositivos afectan la privacidad, son incómodos de portar y suponen un estigma social visible para quienes los usan.
Trump intensifica control migratorio
La medida se enmarca en la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, quien tras volver a la Casa Blanca en enero ha reforzado las políticas de control fronterizo y deportación. Su administración ha fijado como meta realizar al menos 3.000 deportaciones diarias, lo que ha sido criticado por sectores progresistas como una criminalización sistemática de la inmigración.
Más de dos décadas de dispositivos electrónicos
Aunque el uso de tobilleras electrónicas en el sistema migratorio no es nuevo —se introdujo hace más de 20 años—, esta orden representa el mayor impulso a su implementación masiva en la historia reciente del país. La decisión podría afectar directamente a miles de familias que viven en EE.UU. en situación irregular pero sin antecedentes penales y con procesos legales pendientes.
