Bogotá, 23 julio.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó ante el Congreso un ambicioso proyecto de ley para consolidar su plan de “paz total”, en el que busca la desmovilización y sometimiento a la justicia de guerrillas, cárteles del narcotráfico y bandas criminales que operan en el país.
La propuesta contempla beneficios penales especiales, incluida la reducción de penas y la conservación parcial de bienes ilícitos, a cambio del desarme, confesión de crímenes y reparación a las víctimas. El proyecto llega en un momento político complejo, con un Congreso sin mayorías favorables al gobierno y a solo meses del inicio de la precampaña para las elecciones de marzo de 2026.
¿A quiénes beneficiaría?
La propuesta plantea tres niveles de beneficiarios:
| Nivel | Actores | Ejemplos |
|---|---|---|
| 1 | Grupos con motivación política | ELN, disidencias FARC |
| 2 | Organizaciones criminales de alto impacto | Clan del Golfo, bandas de Medellín y Buenaventura |
| 3 | Participantes de protestas sociales | Procesados por manifestaciones de 2021 |
¿Qué beneficios obtendrían?
- Guerrillas: penas de 5 a 8 años de prisión bajo esquemas de justicia restaurativa.
- Bandas criminales: rebajas de penas entre 40% y 60%, según su colaboración.
- Protestantes: hasta 70% de rebaja de penas.
- Bienes: los acogidos podrán conservar hasta el 12% de los bienes entregados. El resto será destinado a víctimas.
El proyecto condiciona los beneficios a la entrega completa de bienes, la liberación de menores reclutados, el compromiso de no reincidir y la contribución a la verdad del conflicto.
¿Cómo funcionaría el proceso?
El acuerdo de sometimiento deberá presentarse ante la Fiscalía, que investigará y formulará una acusación formal. Si el acusado acepta los cargos, accedería al régimen especial. De lo contrario, será juzgado según el sistema ordinario.
El analista Gerson Arias, de la Fundación Ideas para la Paz, advirtió que el éxito del proyecto dependerá de si logra generar incentivos reales para las estructuras armadas. También señaló dudas sobre la capacidad institucional y financiera de la Fiscalía para recibir miles de procesos.
Críticas y preocupaciones
Voces críticas denuncian que la iniciativa podría generar impunidad, al permitir beneficios a criminales reincidentes. El expresidente Juan Manuel Santos alertó que el proyecto carece de planeación adecuada y reprochó que se permita acoger a personas que ya fueron excluidas de tribunales especiales como Justicia y Paz y la JEP.
A pesar de ello, el gobierno insiste en que habrá castigos y que la reparación, la verdad y la no repetición son principios esenciales del modelo propuesto.
