Brasilia, 18 julio.- La Corte Suprema de Brasil dictó este viernes nuevas y severas medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro, procesado por liderar una presunta conspiración golpista, entre ellas el uso obligatorio de una tobillera electrónica, la prohibición de utilizar redes sociales, y restricciones para comunicarse con diplomáticos o acercarse a embajadas.
La decisión del alto tribunal se produjo tras nuevos allanamientos realizados por la Policía Federal en domicilios vinculados a Bolsonaro, incluido su apartamento en Brasilia y la sede del Partido Liberal (PL), que dirige el exmandatario. Las diligencias, según medios locales, están relacionadas con las acciones del expresidente para desconocer los resultados electorales de 2022, en los que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.
La Fiscalía acusa a Bolsonaro de cinco delitos, entre ellos tentativa de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho, por los que podría enfrentar hasta 40 años de prisión. También están implicados varios de sus exministros y militares de alto rango.
Entre las nuevas restricciones impuestas por la Corte figuran el arresto domiciliario nocturno (de 19:00 a 7:00), la prohibición de contactar con otros procesados, y la orden de no salir del país ni comunicarse con embajadores o funcionarios extranjeros.
En reacción, Bolsonaro calificó las medidas como “una suprema humillación” y reiteró que “jamás” conspiró contra la democracia ni tuvo intenciones de fugarse. “El juicio por el golpe es político”, afirmó tras salir de la sede de la Policía Federal, donde le fue colocada la tobillera electrónica.
El exmandatario atribuyó las acciones judiciales a un intento de silenciar a la derecha de cara a las elecciones de 2026, en las que no podrá participar tras haber sido inhabilitado por abuso de poder político.
En paralelo, el expresidente Donald Trump expresó públicamente su apoyo a Bolsonaro y pidió detener el juicio en su contra, calificándolo de “caza de brujas”. Además, la semana pasada impuso un arancel del 50 % a las importaciones brasileñas, medida que —según Bolsonaro— fue influenciada por su hijo Eduardo, actualmente en EE.UU., “luchando por la democracia y la libertad”.
Estas declaraciones han provocado una fuerte tensión diplomática. El presidente Lula da Silva exigió respeto por parte del Gobierno estadounidense hacia el Poder Judicial brasileño y calificó las presiones de Trump como “chantaje inaceptable”.
La Policía Federal, por su parte, acusa a Bolsonaro y a su hijo de haber maniobrado con actores políticos estadounidenses para imponer sanciones contra agentes públicos brasileños y forzar la anulación del proceso judicial, una acción que el Supremo considera “ilícita y dolosa”.
La defensa de Bolsonaro expresó “sorpresa e indignación” ante las nuevas medidas y advirtió que presentará su respuesta formal una vez tenga acceso al fallo completo.
