Barcelona, 17 julio – El expresidente catalán Carles Puigdemont ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que exige la suspensión inmediata de la orden nacional de detención que aún pesa sobre él por el ‘procés’, y reclama la aplicación de la ley de amnistía que el Tribunal Supremo le denegó.
En el escrito, su abogado Gonzalo Boye solicita que se aplique una medida cautelarísima, lo que implica una resolución urgente sin necesidad de informe fiscal, argumentando que la orden “carece del respaldo de una condena firme” y que su mantenimiento vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva y la participación democrática.
Puigdemont sostiene que la suspensión de dicha orden no perjudicaría a terceros ni a bienes jurídicos relevantes, y que al contrario, reforzaría la seguridad jurídica e institucional, especialmente tras la reciente validación por parte del TC de la constitucionalidad de la Ley de Amnistía.
El recurso califica la orden de detención como “constitucionalmente inadmisible” y denuncia que, de mantenerse, impediría que un representante electo ejerza su función política, agravando la “judicialización del conflicto político catalán”.
Críticas al Supremo por «resistencia judicial»
La defensa denuncia que la negativa del Supremo a aplicar la amnistía por el delito de malversación responde a una “estrategia de resistencia judicial” contra la ley aprobada por el Parlamento, lo que supondría una vulneración del principio de separación de poderes.
Para Boye, esa interpretación “al margen de la ley” afecta directamente al derecho a la libertad personal de Puigdemont y a su libre circulación por la Unión Europea, así como al principio de igualdad ante la ley, al recibir un trato distinto al de otros implicados en hechos similares.
Finalmente, el recurso urge al TC a ofrecer una “respuesta clara, firme y restauradora” frente a lo que califica como un “uso desviado de la jurisdicción”, solicitando una defensa activa del modelo de democracia parlamentaria consagrado en la Constitución.
