WASHINGTON, 17 julio – Estados Unidos impuso este jueves sanciones económicas a Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder del grupo criminal transnacional Tren de Aragua, al que la administración de Donald Trump ha designado oficialmente como organización terrorista.
El Departamento del Tesoro también sancionó a otros cinco miembros clave de la banda, incluido Yohan José Romero, conocido como “Johan Petrica”, considerado lugarteniente directo de Guerrero Flores. Las sanciones implican el congelamiento de todos los activos en territorio estadounidense de los implicados y prohíben a ciudadanos y entidades norteamericanas realizar cualquier transacción con ellos.
“El Tren de Aragua representa una amenaza continental para la seguridad pública”, indicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien remarcó que la administración Trump “no permitirá que esta organización continúe aterrorizando a nuestras comunidades y dañando a estadounidenses inocentes”.
Guerrero Flores se encuentra prófugo desde 2023, tras un operativo militar en la cárcel de Tocorón (estado Aragua), considerada hasta entonces la base de operaciones de la banda. Actualmente es uno de los delincuentes más buscados de Sudamérica y está en la mira de autoridades de Venezuela, Colombia, Chile, Perú y Estados Unidos. Washington ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que lleve a su captura.
El Gobierno estadounidense lo acusa de transformar al Tren de Aragua de una banda carcelaria centrada en la extorsión y el soborno, en una sofisticada organización criminal transnacional con presencia en múltiples países y una red de delitos que abarca desde el narcotráfico hasta la trata de personas.
El Departamento de Estado y el Tesoro sostienen que el régimen de Nicolás Maduro ha permitido deliberadamente la expansión del Tren de Aragua dentro y fuera de Venezuela, convirtiéndose en un actor clave del crimen organizado regional.
Aunque las autoridades norteamericanas aseguran que la organización ya tiene influencia en algunas zonas de EE.UU., analistas advierten que aún falta claridad sobre el verdadero alcance y estructura de sus operaciones en suelo estadounidense.
El caso reaviva el debate sobre el vínculo entre el crimen organizado latinoamericano y los gobiernos autoritarios de la región, así como los riesgos que representan para la seguridad hemisférica.
