BARCELONA, 4 Feb.- Alquilar un piso de apenas 22 metros cuadrados en Barcelona cuesta, de media, 1.450 euros al mes, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que insta a las administraciones a regular el uso residencial y garantizar condiciones de habitabilidad en las viviendas ofertadas.
El informe, basado en el análisis de 155.509 anuncios en Idealista, Milanuncios y Fotocasa en ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia y Zaragoza, destaca la necesidad de fomentar el alquiler público como una medida clave para reducir los elevados precios actuales. Además, OCU exige una normativa uniforme en todos los municipios que establezca condiciones mínimas de habitabilidad y superficies adecuadas según el número de habitaciones. “No se entiende -señala la organización- que la superficie mínima autorizada para una vivienda varíe entre los 20 y los 37 m² según la ciudad”.
Alquileres por encima del Salario Mínimo
El estudio ha detectado numerosas “infraviviendas” en Barcelona, Madrid y Valencia, con precios que superan el Salario Mínimo Interprofesional. En Barcelona, el alquiler de un piso de hasta 22 metros cuadrados alcanza los 1.450 euros mensuales; en Valencia, una vivienda de hasta 27 metros cuadrados cuesta 1.190 euros; mientras que en Madrid, un espacio de 28 metros cuadrados se alquila por 1.100 euros.
Para quienes buscan una alternativa más económica, alquilar una habitación en una vivienda compartida sigue siendo una opción costosa: 625 euros en Barcelona, 575 en Madrid, 490 en Málaga, 455 en Valencia y 340 en Zaragoza.
Problemas de habitabilidad y uso residencial
Según OCU, los pisos más pequeños representan el 0,64% de la oferta total de alquiler, pero muchos de ellos no cumplen con los requisitos mínimos de habitabilidad. Tras la visita presencial a 50 pisos, el estudio concluyó que ninguno de los inmuebles inspeccionados en Madrid y Barcelona cumplía con la normativa local: en Barcelona, se requiere un mínimo de 20 m² útiles, mientras que en Madrid se exigen 25 m² para estudios.
Además, siete de las viviendas visitadas no contaban con autorización para uso residencial, sino que estaban registradas como oficinas, comercios o espacios culturales, lo que podría generar problemas legales a los inquilinos para contratar servicios básicos como electricidad, gas o seguros del hogar.
OCU recomienda a los futuros inquilinos verificar que la vivienda cumple con los requisitos básicos de habitabilidad y denunciar cualquier irregularidad ante las autoridades municipales o autonómicas. La organización insiste en que es urgente una intervención gubernamental para garantizar alquileres asequibles y condiciones dignas para los ciudadanos.
