Lima, 9 julio.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, enviaron una carta conjunta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en la que rechazan “de manera categórica” la reciente resolución del tribunal sobre la ley aprobada en el Parlamento que limita los delitos de lesa humanidad.
Respuesta a la Resolución de la CorteIDH
“Lamentamos que la CorteIDH haya emitido una resolución que, excediendo sus competencias, ha desnaturalizado la figura de las medidas provisionales, de carácter temporal y excepcional para garantizar el resultado de fondo, y ahora mantenga la práctica de extender sus alcances arbitrariamente a situaciones nuevas que se relacionan de manera directa con lo dictaminado en su oportunidad”, se indica en la misiva.
La CorteIDH había requerido al Estado peruano que “tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú”.
Controversia sobre la Ley Aprobada
La norma aprobada por el Congreso de Perú plantea impedir que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002. Según los congresistas que la promovieron, beneficiará a centenares de militares y policías por delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000).
Con la firma de Boluarte y Soto, y dirigida a la presidenta de la CorteIDH, Nancy Hernández, las cabezas de dos poderes peruanos rechazan “de manera categórica” los términos de la resolución del tribunal, ya que consideran que “supone el desconocimiento de la soberanía estatal y el principio de separación de poderes”.
Argumentos del Gobierno Peruano
“Por esa razón, deploramos profundamente que la CorteIDH, en la referida resolución, implique que el Perú no es un Estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en la que operan el balance y control de los poderes públicos”, señala la carta. Además, sostienen que la resolución “transgrede de modo evidente el rol subsidiario que debe asumir el tribunal”.
Boluarte y Soto también rechazaron con vigor que la CorteIDH utilice el término “conflicto interno armado”, argumentando que este “ofende la conciencia cívica nacional y ofende la memoria de miles de peruanos asesinados por las hordas terroristas”.
Solicitud de Revisión de la Resolución
Finalmente, Boluarte y Soto pidieron al tribunal “en un ejercicio de autotutela” que “corrija sus excesos”, puesto que consideran que esta resolución “termina por lesionar el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos”.
Este desacuerdo entre el gobierno peruano y la CorteIDH subraya las tensiones en torno a la soberanía nacional y el papel de los tribunales internacionales en la adjudicación de casos de derechos humanos.
