Lima, 9 julio.- El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez ha reafirmado su pedido de condena de 30 años y 10 meses de cárcel para la líder política Keiko Fujimori, en relación con la financiación de sus campañas electorales de 2011 y 2016. El juicio, que se lleva a cabo en el Tercer Juzgado Penal Nacional, involucra además a otras 45 personas.
Detalles de la Acusación
El fiscal Pérez acusa a Fujimori de liderar una organización criminal y de cometer delitos de lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimientos administrativos. Según Pérez, Fujimori debe ser condenada por su papel directo y determinante en estas actividades ilegales.
Naturaleza de la Organización
Durante la audiencia, que se retomó recientemente, el fiscal describió al partido de Fujimori como una “organización criminal” que buscaba operar fuera del alcance de la ley. “Están buscando impunidad, lo que establece la naturaleza propia de esta clase de organizaciones criminales que se llevan a los tribunales”, expresó Pérez.
Contexto del Juicio
El juicio contra Fujimori y los otros acusados comenzó el 1 de julio, tras ser rechazada una petición de nulidad del proceso por varios abogados defensores. El tribunal ha enfatizado que supervisará de cerca las pruebas presentadas y que exigirá a la Fiscalía especificar claramente las acusaciones contra cada imputado.
Origen de los Fondos
La investigación, parte del caso Lava Jato en Perú, ha identificado que los aportes ilegales para las campañas de Fujimori suman unos 17 millones de dólares, provenientes principalmente de la constructora Odebrecht y de grupos empresariales peruanos como Credicorp, Rasmussen y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), así como del empresario Luis Calle.
Implicaciones Internacionales
El fiscal también recordó que Odebrecht admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado sobornos para financiar campañas políticas en el extranjero, utilizando ganancias de actividades corruptas.
Impacto Político y Social
Esta solicitud de condena refleja la intensidad con la que las autoridades peruanas están abordando los casos de corrupción política, especialmente en un contexto donde la confianza pública en las instituciones del país está severamente erosionada. La resolución de este juicio será crucial para la política peruana, marcando posiblemente un precedente en la lucha contra la corrupción en América Latina.
