Madrid, 3 julio.- En un esfuerzo por preservar el decoro y la legalidad en los espacios universitarios, la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, está proponiendo un nuevo “régimen sancionador” en la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades. Este sistema incluirá sanciones económicas o administrativas que aún están por detallarse, con diferentes gradaciones de infracciones para establecer la sanción correspondiente a cada centro universitario.
Emilio Viciana, el consejero madrileño de Educación, durante un encuentro con periodistas, enfatizó que aún están en la fase de definición de un régimen que asegure el mantenimiento del decoro y el respeto a la legalidad. “Estamos definiendo de una manera muy amplia y genérica un régimen sancionador”, explicó Viciana. Aclaró que las sanciones serán a nivel institucional y no buscan reprimir la autonomía universitaria ni la libertad de expresión y manifestación.
Objetivos de la Nueva Legislación
El principal objetivo de la nueva ley es establecer un marco jurídico que delimite claramente los límites que no se pueden cruzar y proporcionar herramientas legales a las universidades para manejar situaciones que actualmente pueden chocar con el cumplimiento de las leyes. Viciana señaló la reciente acampada pro Palestina en la Universidad Complutense de Madrid como un ejemplo de manifestaciones que, aunque legítimas, pueden interferir con el funcionamiento normal de las actividades universitarias.
Además de abordar el vandalismo y las ocupaciones, el nuevo texto legal también sancionará a las universidades que no cumplan con requisitos mínimos de titulaciones e infraestructuras, proporcionando a la Comunidad de Madrid un margen de actuación para asegurar un nivel adecuado de exigencia y calidad.
Diálogo y Propuestas Adicionales
La Comunidad de Madrid ya ha presentado el borrador de esta ley a los rectores de las seis universidades públicas madrileñas y planea presentarlo también a las universidades privadas y a los consejos sociales este mes. La intención es establecer un diálogo constructivo con todas las partes implicadas y llevar el texto definitivo a la Asamblea de Madrid para su tramitación a finales de otoño.
El proyecto de ley también incluirá varias novedades, como la creación de un distrito único de prácticas que priorizará a las universidades públicas y la regulación de las escuelas de negocio, que actualmente no están cubiertas por ninguna normativa. Además, se exigirá un nivel B2 de español para estudios de grado y C1 para máster y doctorado a estudiantes extranjeros.
Los Consejos Sociales de las universidades experimentarán cambios significativos, como mandatos más largos y no renovables, y se requerirá que el rector sea catedrático, otorgando además al consejo la capacidad de nombrar al interventor del centro.
Con estas medidas, la Comunidad de Madrid busca reforzar la estructura y la calidad educativa, manteniendo un ambiente de respeto y decoro en el ámbito universitario, mientras se garantiza la libre expresión dentro de los límites legales establecidos.
