Madrid, 29 junio.- Este sábado, miles de ciudadanos tomaron las calles de Málaga y Cádiz, en Andalucía, para expresar su descontento con la creciente afluencia de turistas y el incremento de las viviendas destinadas al turismo, lo cual ha disparado los precios de los alquileres para los habitantes locales.
En Málaga, alrededor de 5.500 personas, según datos policiales, se congregaron para protestar contra lo que consideran una situación “insostenible” en términos de vivienda y alquiler. Los manifestantes pidieron una reforma del modelo turístico para que Málaga “recupere su dignidad como ciudad habitable”.
La manifestación fue organizada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, que estimó la asistencia en 25.000 personas. La protesta contó con el apoyo de casi 50 organizaciones, incluyendo Greenpeace, el sindicato CCOO, Facua (asociación de consumidores) y la ONG Málaga Acoge, que apoya a inmigrantes. También se unieron representantes de partidos políticos de izquierda como el Partido Socialista y Podemos.
Los manifestantes mostraron su descontento con pancartas que decían “El turismo o la vida. Por una vivienda sin abusos ni especulación”, algunas en inglés para invitar a los turistas a hospedarse en hoteles, y otros mensajes críticos hacia las autoridades regionales y municipales.
De acuerdo con los organizadores, en algunas áreas de Málaga, como la plaza de la Merced, el 68,9 % de las viviendas están destinadas al turismo. En esta zona se encuentra el Museo Casa Natal de Pablo Picasso, el famoso pintor español.
En Cádiz, unas 3.000 personas participaron en la marcha organizada por la Plataforma Cádiz Resiste, que culminó frente al Ayuntamiento. La plataforma convocante declaró urgente la necesidad de establecer zonas de alta demanda para frenar la especulación inmobiliaria y proteger el derecho de los residentes a una vivienda digna.
Cádiz Resiste exigió una moratoria indefinida en la emisión de licencias para Viviendas de Uso Turístico (VUT) y pidió inspecciones y sanciones para detener el crecimiento descontrolado de estos alojamientos, garantizando así viviendas asequibles para los residentes habituales.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció el 21 de junio que el ayuntamiento no concederá más licencias de uso turístico a viviendas residenciales y no renovará las existentes a partir de noviembre de 2028. De esta manera, en cinco años, las 10.101 viviendas de uso turístico actuales perderán esta condición.
El aumento en la rentabilidad de las viviendas turísticas ha llevado a muchos propietarios a retirarlas del mercado de alquiler tradicional, generando quejas de los vecinos por las consecuencias negativas de la masificación turística en barrios céntricos, como ruidos y problemas de convivencia. Esto ha encarecido tanto el alquiler como la compra de viviendas, dificultando el acceso a la vivienda para las rentas bajas y medias.
